Ponce denunció una “campaña sucia” de Gualtieri que “usa sus canales para negociar impunidad”
Justo a una semana de las elecciones, el intendente se paró al frente y salió con los tapones de punta contra el empresario propietario de dos canales de cable, le apuntó al Gobierno de Rodríguez Saá y a la Justicia.
“¿Qué pasó con la indagatoria de Victorio Gualtieri por la estafa de los diques de San Francisco y Saladillo por 80 millones de pesos?”, escribió.
Pasado el mediodía Enrique Ponce usó su cuenta de twitter para desempolvar la causa que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá le inició al empresario a raíz de “irregularidades” en la construcción de los embalses.
Gualtieri que desembarcó en los años ´90 en San Luis procedente de Buenos Aires, donde ganó fama por ser el empresario preferido de Eduardo Duhalde, se convirtió rápidamente en contratista del Estado puntano cuando gobernaba Adolfo Rodríguez Saá.
En su primera gestión Alberto Rodríguez Saá le adjudicó la ejecución de los diques de San Francisco y Saladillo, pero la relación terminó mal. Le rescindió la obra y lo llevó a la Justicia, acciones que tuvieron un amplio despliegue mediático del oficialismo.
Pero volviendo a lo ocurrido hoy, Ponce exhibió a partir de las 13:32 su furia contra el dueño de Carolina Cable Color y TVC Puntana a través de una catarata de tuits.
“#CarolinaCableColor además de los funcionarios corruptos deben ir presos los EMPRESARIOS CORRUPTOS”, así inauguró la serie de mensajes.
A continuación lo acusó: “Profundiza la campaña sucia” en contra del municipio. Y planteó “¿paga favores porque teme ir preso?”.
Coronó la secuencia señalando que Gualtieri que “tiene condena” usa “sus canales para negociar impunidad, con favores”.
No es la primera vez que el intendente se muestra públicamente enojado con el empresario. El año pasado, también denunció una “campaña extorsiva” por parte de los medios en contra de la gestión. Ahora está en un momento crucial: El domingo 12 se eligen concejales y el intendente por la reacción que tuvo, entiende que el empresario se presta a una maniobra en la que estaría detrás el Gobierno provincial.